80.000 condenados a trabajos para la comunidad por violencia machista

JIMÉNEZ GÁLVEZMadrid 14 OCT 2015 – 20:41CEST

El combate judicial contra la violencia machista ha dejado en los últimos tres años y medio un balance de 77.461 condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria. Entre diciembre de 2011 y julio de 2015, los tribunales españoles han dictado por delitos contra la mujer un total de penas que suman más de 5,8 millones de jornadas laborales forzosas. Una cifra que evidencia cómo este tipo de instrumento punitivo, medida alternativa o reductiva de la condena a prisión o multa, ha adquirido un progresivo protagonismo en la presente década. En 2005, por ejemplo, solo se impusieron 254 penas de estas características. Apenas tres años después, se superaron las 15.000 por primera vez.

A esta tendencia ya se refirió el último informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: «Los numerosos mandamientos recibidos [para participar en los programas de tratamiento para los penados por delitos de violencia machista] nos ponen sobre la pista de la importancia de este fenómeno en lo que compete a las penas y medidas alternativas». «El principio básico de la Institución Penitenciaria es la reeducación, reinserción y resocialización de los penados; principio aplicable tanto en las penas privativas de libertad como en el ámbito de actuación de las penas y medidas alternativas. Principio, en definitiva, que se basa en la convicción de que el ser humano tiene capacidad para cambiar, a pesar de su comisión delictiva», añade el documento.

Los nuevos datos difundidos ahora por el Gobierno, como respuesta a la pregunta de la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), también revelan que el 70% de las condenas dictadas por violencia machista y que implican trabajos en beneficio de la comunidad prevén penas menores a los dos meses de trabajo forzoso. «Tras los delitos cometidos contra la seguridad vial, los delitos de violencia de género son la segunda categoría» que más recurren a este instrumento punitivo, apunta el Observatorio Estatal de la Violencia de Género.

El Ejecutivo de Rajoy y las asociaciones de mujeres han mantenido durante esta legislatura un tenso pulso. Los colectivos acusaron el pasado mes al presidente de «electoralismo», después de que el jefe del Ejecutivo presentase a tres meses de las elecciones una campaña contra la violencia machista. “Es estupendo que presente campañas de sensibilización y se preocupe por los recursos. Es una pena que haya sido tan tarde y tan cerca de las elecciones”, señaló Marisa Soleto, vicepresidenta de la Fundación Mujeres. El PSOE ha denunciado que el presupuesto para combatir la violencia contra la mujer ha descendido un 17% desde 2011.

El artículo 83.2 del Código Penal prevé que, en el caso de que se suspenda el cumplimiento de la condena en casos de maltrato, se prohibirá al penado aproximarse a la víctima o a aquellos familiares que determine el juez. Además, también se impedirá al sentenciado residir en una ciudad determinada o acudir a ella, «cuando en esta pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos».

 

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