Los condenados por matar a la pareja perderán automáticamente la patria potestad

 MANUEL MARRACO Madrid.- El Mundo  16/10/15

El Supremo estima un recurso del fiscal para que se aplique la medida directamente en la sentencia penal .Cambia el criterio que se venía aplicando, tras una reforma legal que permite eludir la necesidad de reclamar la retirada por la vía civil .Dice que «repugna legal y moralmente» que el condenado por agredir al otro progenitor siga como responsable de los menores

Un hombre mata a su pareja, es condenado y, sin embargo, sigue siendo el responsable de los hijos a los que ha dejado huérfanos de madre hasta que se solvente el proceso civil necesario para retirarle la patria potestad. Esa situación, que venía ocurriendo con frecuencia, tiene los días contados: el Tribunal Supremo acaba de resolver que las condenas por asesinato o intento de asesinato de la pareja podrán incluir directamente la retirada de la patria potestad, sin más trámites.

El Alto Tribunal ha estimado un recurso de la Fiscalía contra una sentencia que rechazó aplicar la medida a un hombre que había intentado matar a su pareja sentimental en presencia de la hija de ambos. En la sentencia recurrida, la Audiencia de Guadalajara sostenía que había que iniciar un proceso por la vía civil para adoptar esa medida. Ese mismo criterio venía siendo empelado de forma generalizada por los tribunales, lo que suponía un retraso considerable en la retirada de la patria potestad.

El Supremo basa su decisión en una reforma penal de 2010 que permitía acordar la medida en casos de condenas superiores a 10 años (por ejemplo, por asesinato o intento de asesinato) por hechos que tuvieran vinculación con la patria potestad (por ejemplo, que el ataque fuera sobre el otro progenitor). Pero también en el razonamiento de que «repugna legal y moralmente mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, recuerda que su jurisprudencia ha sido hasta ahora reacia a la adopción de esta pena de privación de la patria potestad, sin perjuicio de que pudiese acordarse en vía civil. Por ejemplo, en mayo de 2000 el Pleno de la Sala de lo Penal acordó la no privación de la patria potestad en un caso idéntico. Sin embargo, estima que ahora debe aplicarse la nueva redacción del artículo 55 introducida en la reforma del Código Penal de 2010.

Con la nueva ley

La sentencia ahora revocada se dictó pese a que los hechos tuvieron lugar en 2013, cuando esa reforma ya estaba en vigor. El tribunal alegó que la ley no establecía que la retirada fuese automática y que para adoptar la medida era necesario que se hubiera probado en juicio la vinculación de los hechos con la patria potestad.

Para el Supremo, la decisión de la Audiencia de Guadalajara «no resulta acorde con el derecho ni muy especialmente con la protección que merecen los menores, pues es un dato incontestable que la presencia de la menor en el ataque a su madre efectuado por su padre, va a tener prolongado efecto negativo en el desarrollo de la menor de mantener la patria potestad, que por ello resulta incompatible».

Esa presencia del menor vincula los hechos a la patria potestad, permitiendo la adopción de la medida. Pero también se razona la retirada en que lo sucedido supuso, en palabras del Supremo «un ataque frontal contra la integridad moral del menor y el equilibrio armónico de su personalidad, impensable si se mantuviera la patria potestad». Es decir, que para el Supremo el asesinato del otro progenitor es una ataque también al menor y supone ese vínculo de los hechos con la patria potestad que exige la ley para acordar la retirada.

Además, destaca que la Audiencia incurrió en una sorprendente contradicción ya que en un auto dictado antes de la sentencia destacó los perjuicios que para la niña tendrían visitas a su padre en prisión. Por todo ello, establece que debe acordarse la privación de la patria potestad en el propio proceso penal, evitando dilaciones siempre perjudiciales, en casos como el presente que pueden ocasionar un daño irreparable en el desarrollo del hijo menor, cuando el fin primordial de la institución de la patria potestad es precisamente velar por el interés de los menores.

También alejamiento

En enero de 2015, la Audiencia condenó a Liviu D. M. a 13 años y medio de cárcel por el intento de asesinato de su mujer, a la que acuchilló en repetidas ocasiones en el cuello y la espalda en plena calle en el centro de Guadalajara. La hija de ambos, de tres años, estaba presente. El tribunal consideró que no procedía acordar en la sentencia penal (sin perjuicio de que pudiese reclamarse por la vía civil) la privación de la patria potestad, al no ser de aplicación la previsión del nuevo artículo 55 del Código Penal.

Ahora el Supremo ha dictado una nueva sentencia en la que mantiene la pena de cárcel y le añade la privación de la patria potestad, además de ordenar el alejamiento de la niña, con la que no podrá contactar ni acercarse a menos de un kilómetro hasta que sea mayor de edad.

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