Una juez que no reflexiona sobre lo erróneo de su criterio

la Nueva España .- 10 de marzo de 2015 por Maria Pérez González , Vicepresidenta de Maeve asociacion contra la Violencia de Género
La asociación contra la violencia de género MAEVE, forma parte de la veintena de colectivos que recientemente han presentado una queja ante el CGPJ, denunciando la actuación de la Jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo, por su negativa a celebrar la comparecencia para la Orden de Protección a las mujeres víctimas, cuando el riesgo evaluado en sede policial, resulta bajo o inexistente. Esta forma de proceder, que priva radicalmente a las mujeres el acceso a la obtención del estatuto de seguridad integral que supone la Orden de Protección, vulnera frontalmente la finalidad de la Ley que regula este instrumento tan valioso y decisivo contra la violencia de género. Hemos de recordar en este sentido que la Ley 27/2003 que en su día fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el parlamento, constituyó un hito, un antes y un después en la lucha de toda la sociedad contra la violencia machista que nos azotaba por aquel entonces, con cifras de mujeres asesinadas difíciles de asumir. Con posterioridad la Orden de Protección fue asumida por la Ley Integral contra la Violencia de Género LO1/2004, constituyendo así una legislación impecable y eficaz cuya exposición de motivos evidencia la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres como fin último a perseguir, dotándonos de medios tanto en el ámbito penal, como civil, sanitario y educativo. Involucrando también a los medios de comunicación y a la publicidad, para que la actuación conjunta en todos los frentes fuera capaz por una parte de proteger a las víctimas y por otra de concienciar a toda la población en la necesidad de crear una acción unánime. El resultado fue un modelo a imitar en el resto de países europeos. Sin embargo más de diez años después de la aprobación de estos instrumentos legales, nos encontramos que los avances en la lucha contra esta violencia no son tan decisivos y evidentes como cabía esperar. Uno de los problemas más graves con el que nos hemos dado de bruces es precisamente la deficiente aplicación de estas leyes, las interpretaciones torticeras alejadas de la finalidad última que persigue la legislación. Como ejemplo, la Magistrada-Jueza, titular de un juzgado especializado en violencia de género que no duda en acogerse a la literalidad de la norma para discutir el término imperativo de celebrar o no la comparecencia necesaria para otorgar una orden de protección a una mujer víctima que, -alentada por todo su entorno a denunciar- acude al juzgado en busca de amparo. Pero la Jueza que ya ha conocido su atestado policial -fruto de la valoración de un programa informático a todas luces insuficiente e ineficaz- ha decidido que no va a celebrar esa comparecencia, que no es susceptible de protección, que no va a escuchar sus miedos, ni el problema que se le origina con la niña pequeña, que precisamente sale ahora del colegio, las visitas con su maltratador, sus temores en relación a la vivienda familiar. No, eso carece de importancia para la Jueza, que le pide se ciña a los hechos ocurridos esa mañana, los insultos y los golpes de hoy….
La Jueza entiende e interpreta que no es obligada la celebración de la comparecencia, y no atiende a la finalidad de la ley, ni al bien más necesitado de protección que es la víctima, ni a su representación letrada. Hace caso omiso a la fiscalía que recurre una y otra vez estas decisiones carentes de fundamento. Por no escuchar, ni escucha las resoluciones que en este sentido dicta la Audiencia Provincial, sentando de forma clara y meridiana que debe celebrar esta comparecencia.
Se enfrenta ahora a un expediente disciplinario que por estos graves hechos le ha abierto el Consejo General del Poder Judicial, pero la Jueza no se arredra ante ello, no reflexiona sobre lo erróneo e injustificado de su criterio. Se mantiene en su posición de fuerza, y apreciación personal, deslizando en sus alegaciones un epíteto descalificador al referirse a las asociaciones de mujeres que han presentado la queja, como “las querulantes” (quienes se querellan patológicamente según la RAE) es decir que para su señoría no somos más que unas adictas al pleito, a la denuncia alegre y sin fundamento, menospreciando nuestras reivindicaciones para afianzarse en su posición. Quizás en su pensamiento “las querulantes”, lo son también aquellas mujeres víctimas con riesgo bajo policial a quienes ella niega sistemáticamente la celebración de comparecencia para otorgar una posible Orden de Protección.
De todas formas, es preciso recordar, máxime en estas fechas que celebramos el 8 de marzo como día internacional de la mujer, que la lucha por la igualdad continúa, que son muchos los frentes abiertos, que todos los derechos que hemos logrado a lo largo de la historia se deben a la unidad que siempre hemos mantenido a través de las asociaciones, los grupos, los colectivos, las plataformas, en definitiva la lucha conjunta de las mujeres porque se nos reconozcan nuestros derechos, los que nos asisten, los que nos niegan sistemáticamente. Y esa lucha tan necesaria la mantenemos y la seguiremos manteniendo pese a insultos y descalificaciones de todo tipo; nos han tratado de histéricas, radicales, locas, y ahora querulantes….

Pese a todo el Consejo Judicial del Poder Judicial le ha incoado un expediente disciplinario.

María Pérez González.
Vicepresidenta de Maeve.
Asociación Contra la Violencia de Género

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