Los y las menores expuestas a violencia de género serán reconocidas como víctimas

Madrid, 24 febrero. 15. AmecoPress. El Gobierno aprobó el viernes dos proyectos de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, uno orgánico y otro ordinario, que reconocen como víctimas de violencia de género a las y los menores y agilizan los procesos de acogimiento y adopción.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó, junto al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que la reforma tiene un carácter integral y afecta a aspectos tan diversos como los procedimientos de acogimiento y adopción, la lucha contra la violencia de género, la prevención de abusos sexuales o el derecho de escucha del menor o la menor en los procesos judiciales.
«Por primera vez se reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Serán considerados víctimas también», resaltó el titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. «Se mejora la atención a la infancia y se trata de prevenir los casos de malos tratos». Según el ministro, más de la mitad de los hijos e hijas de víctimas de la violencia de género, también han sufrido violencia. «Esta realidad justifica la necesidad de esta reforma», afirmó.
La nueva ley fija la obligación de jueces y juezas de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos e hijas de mujeres maltratadas, y se prevé que puedan permanecer con sus madres. Además, se establece que en los procedimientos judiciales que les afecte, los y las menores tendrán derecho a ser escuchadas, siempre que tengan madurez suficiente.
Por otra parte, con la reforma se refuerza la protección de la persona menor frente a delitos como los abusos sexuales y violencia de género, de los que fueron víctimas 3.364 en 2013, según explicó Sáenz de Santamaría. Entre otras novedades, establece como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación. Así, profesionales de la enseñanza, el entrenamiento deportivo y la pediatría deberán presentar un certificado de idoneidad que tendrán que solicitar en el Registro Central de Penados de España del Ministerio de Justicia para garantizar que no han sido condenados por este tipo de delitos.
También con esta ley se obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de delitos contra la libertad sexual a comunicarlos al Ministerio Fiscal.
Sobre las adopciones y acogimientos
El Gobierno quiere reducir al mínimo la cifra de 13.400 niños y niñas que están en residencias o centros de acogida. Representan el 38% de las personas menores que están tuteladas por el Estado. La Ley de la Infancia que aprobó el Consejo de Ministros establece una serie de medidas para agilizar y facilitar los trámites de custodia y adopción, y otras medidas para proteger a los más pequeños. La idea es favorecer que la infancia esté con familias en vez de en instituciones. Algunas de las propuestas contempladas son:
Adopción abierta. Esta medida consiste en que los niños y niñas adoptadas podrán, en algunos casos, mantener contacto con miembros de su familia biológica. La decisión la tomará un juez después de oír a las tres partes interesadas (menor y ambas familias).
Permiso paternal. Cuando un niño o una niña haya sido declarada en situación de desamparo podrá ser adoptada a los dos años sin que haga falta el permiso del padre y madre biológicos si en ese periodo estos no han tomado medidas para revertir la situación.
Convivencia previa. Cuando un o una menor sea considerada candidata a ser adoptada, podrá empezar a convivir con la familia que la entidad pública que le custodia considere idónea antes de que el proceso legal se realice. De esta manera se acorta el tiempo que los niños y las niñas deben pasar en centros esperando a ser recibidos por una familia, y comenzará antes el proceso de adaptación entre el adoptante y sus padres legales.
Derecho a saber. Los pequeños adoptados tendrán derecho a conocer sus orígenes. Para ellos, las Administraciones públicas deberán mantener registros durante al menos 50 años.
Guardia voluntaria. Las familias con problemas económicos o de otro tipo, pueden entregar a sus hijos e hijas para que sean tuteladas por la Administración en un proceso denominado como de guardia voluntaria. Con la nueva ley este periodo solo podrá durar dos años, a partir del cual las Administraciones pueden decidir entregar el niño o niña en acogimiento o adopción a una familia.
Desamparo. El padre y la madre solo podrán revertir la situación de desamparo declarada de un o una menor (por malos tratos, inducción a la mendicidad, por ejemplo) durante los dos primeros años. Luego será el Ministerio Fiscal el único que podrá impugnar la declaración.
Permisos. Los futuros padres y madres de adopción o acogida tendrán derecho a permisos laborales para asistir a las sesiones formativas que necesiten.
El gobierno también modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que éstas conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.
Esta reforma se enviará a las Cortes, donde se espera conseguir el mismo consenso que se ha conseguido para sacar la ley adelante con la Fiscalía y las Comunidades Autónomas, para su aprobación definitiva.

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