Trece asociaciones de mujeres se quejan del mal funcionamiento del Juzgado de Violencia de Género de Oviedo

El COMERCIO. 23 de enero 2015. IDOYA REY
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido un total de trece quejas presentadas por otras tantas asociaciones de mujeres y que en los próximos días podrían incrementarse. La situación que denuncian es la que desde hace tiempo se desarrolla en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de la ciudad. Allí, según explican en un comunicado, la titular, la magistrada Marta Iglesias López, «no celebra la preceptiva comparecencia para la concesión o no de la orden de protección si el riesgo, valorado previamente en sede policial, resulta bajo».
La situación que preocupa a los colectivos les ha llevado a formalizar la queja por el «grave riesgo que supone para las mujeres víctimas, al verse privadas del derecho a poder acceder a medidas protectoras de carácter general». La práctica que se está siguiendo en el juzgado ovetense, según recriminan los colectivos tanto regionales como nacionales, «priva a la víctima de ser escuchada en sede judicial y vulnera su derecho a obtener una serie de medidas adecuadas a su personal situación».
Recurso del fiscal
Las decisiones de la magistrada Marta Iglesias se motivan exclusivamente en el bajo o nulo riesgo que se decide en las diligencias policiales y son recurridas por el Ministerio Fiscal en apelación ante la Audiencia Provincial, explican desde Abogadas para la Igualdad. La Sala Tercera de la Audiencia Provincial, especializada en violencia de género, es quien resuelve los citados recursos de apelación «y viene sentando una jurisprudencia reiterada en la materia». Así «asienta la obligatoriedad del juez instructor, una vez recibida la solicitud de orden de protección, de convocar la comparencia».
«No cabe realizar una dejación de la función jurisdiccional en manos de una mera valoración policial, de modo que si la Policía establece un riesgo policial bajo, la jueza decline su obligación de valorar y juzgar haciendo dejación incluso de la opción de convocar a las partes a una comparecencia para tomar una decisión conforme a los principios de inmediación y contradicción», argumenta la sala especializada en violencia de género.
Desde el colectivo Abogadas por la Igualdad informan en el citado comunicado que pese a que la Audiencia Provincial «al resolver los recursos de apelación deja sin efecto las decisiones de la magistrada, ordenando proceder a la convocatoria de las comparecencias denegadas, estas resoluciones se producen dos o tres meses después, con lo que vacían de contenido la esencia de la orden de protección como estatuto integral de protección de carácter inmediato».

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